Cómo renegociar contratos de servicios comunitarios: claves y respuestas rápidas

A tales efectos, este artículo señala que «en caso de extinción del contrato por cumplimiento del mismo, el contratista deberá seguir prestando el servicio hasta que se formalice el nuevo contrato.» En todo caso, la parte demandante deberá justificar, de forma adecuada, la existencia de una circunstancia de fuerza mayor imprevisible que afecta directamente a su actividad, impidiéndole cumplir con lo establecido en el contrato. Mediante esta cláusula, cualquiera de las partes que sufra un cambio importante en su situación respecto a la fecha en la que se firmó el contrato por una causa de fuerza mayor, podrá solicitar una modificación o adaptación del contrato de prestación de servicios. En el caso de los contratos de prestación de servicios firmados con consumidores, en los que el cliente contrata la prestación de servicios para un uso particular o no relacionado con la actividad profesional habitual del cliente (p. ej. se contrata a un abogado para ayudar al cliente con su divorcio), los clientes disponen del derecho de desistimiento (es decir, el derecho a terminar el contrato y a que se les devuelva el precio pagado). En base a las objeciones que hayas pensado que te puede plantear el cliente o proveedor puedes pensar en lo que les puedes ofrecer a cambio. Las cosas han cambiado y de repente no puedes asumir los costes que afrontabas hasta ahora, eres incapaz de cumplir los plazos de entrega o te ves desbordado en tus previsiones.

Las prórrogas deben preverse expresamente en el pliego con indicación de su duración y condiciones, y ser acordadas y comunicadas al contratista con al menos tres meses de antelación al vencimiento. El PCAP debe recoger expresamente que la dirección del personal corresponde a la empresa adjudicataria y nunca al órgano de contratación, canalizando la relación a través del responsable del contrato del artículo 62 LCSP. Un plan de mantenimiento preventivo no solo ayuda a cumplir con esta obligación legal, sino que también puede resultar en ahorros significativos a largo plazo. No juegue duro con un proveedor del que depende de forma crítica o con el que planea una relación a largo plazo. “Por ejemplo, puede que el proveedor no pueda cumplir plenamente o que las necesidades del cliente se hayan reducido drásticamente. En algunos casos, es posible que los requisitos o los supuestos básicos en los que se basa la estructura financiera de la operación ya no sean válidos.

Además, en el acuerdo, se debe establecer el plazo y la forma de pago de las sumas adeudadas al contratista, las que deben reflejar el valor actual de la obra, bien o prestación a la fecha de celebración del acuerdo, siendo el resultante de la aplicación del régimen de redeterminación de precios si el contrato original lo prevea En lo que respecta al acuerdo de renegociación, se fija especialmente que en el mismo el contratista deberá renunciar al daño emergente, al lucro cesante, a los gastos improductivos y a los eventuales perjuicios económicos de naturaleza similar, derivados de la disminución del ritmo de ejecución, suspensión o paralización de los trabajos o prestaciones con causa en la situación de emergencia. Este mismo artículo, al regular el precio del contrato, permite que, tratándose de servicios complejos que conlleven costes de inversiones iniciales relevantes y cuando se prevea que las obras o equipamiento que generen se incorporen al patrimonio de la entidad pública, puedan establecerse sistemas de retribución que compensen de dichas inversiones al concluir o resolverse el contrato. Finalmente, se reitera la regla ya clásica en nuestro derecho de que la concesión de servicios solo admitirá la subcontratación en las prestaciones accesorias del mismo. Estos pliegos deberán determinar también la distribución de riesgos entre Administración y contratista, si bien el riesgo operacional debe corresponder en todo caso al contratista.

Si recibes una multa por alguna de estas causas, hay casos en los que podrás cambiar esta sanción económica por una «sanción de trabajo», tal y comenta el abogado Juan Suárez. Específicamente, nos gustaría [acortar la duración del contrato / revisar el alcance / modificar las condiciones de pago]. De hecho, según World Commerce & Contracting, una mala gestión de contratos puede costar a las empresas hasta el 9% de sus ingresos anuales.

En cuanto a los conceptos a indemnizar, se comprenden los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, los gastos salariales del personal adscritos al contrato durante el periodo de suspensión, los alquileres y costes de maquinaria y equipos, un 3% del precio de las prestaciones que debería haber ejecutado el contratista durante la suspensión conforme a lo previsto en el programa y los gastos de las pólizas de seguros suscritas por el contratista por así exigirlo los pliegos. En estos casos se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre y cuando el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto a la fecha de finalización del contrato originario. La Ley recoge también una previsión de enorme trascendencia práctica, dirigida al mantenimiento del contrato cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo, como consecuencia de incidencias derivadas de acontecimientos imprevisibles producidas en el procedimiento de adjudicación, si existen razones de interés público para no interrumpir la prestación. En materia de contratos de servicios, es importante también la creación de la nueva categoría del Anexo IV, que comprende los contratos de servicios sociales y otros servicios específicos, para los que la Ley recoge un umbral especial para su calificación de armonizados y numerosas reglas especiales que tratan garantizar los criterios cualitativos en la selección del adjudicatario. En ambos casos se requiere como actuación preparatoria el establecimiento del régimen jurídico, económico y administrativo de la prestación del servicio y la determinación del alcance de las prestaciones los mejores casinos online que deben llevarse a cabo en favor de los administrados.

🔷 Solicitar el cambio

1) Cuando sea necesario añadir otras obras, servicios o suministros adicionales a los inicialmente contratados, siempre que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico (por ejemplo, obligue a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes o que den lugar a incompatibilidades o dificultades técnicas) y que la modificación del contrato implique una alteración de su cuantía que no exceda aislada o conjuntamente del 50% del precio inicial del contrato, IVA excluido. Además, otro límite es que la modificación no puede suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato, exigiendo la Ley que así se establezca expresamente en la propia cláusula de modificación. Así, los contratos de las Administraciones Públicas solo pueden modificarse hasta un máximo de un 20% del precio inicial y no pueden preverse modificaciones que alteren la naturaleza global del contrato. La Ley trata de dotar de mayor seguridad jurídica a esta situación, determinando los costes y conceptos que deben indemnizarse con el importante condicionante de que solo se indemnizarán los periodos de suspensión que estén documentados en un acta. Con carácter general, para todos los contratos, la prórroga se determinará por el órgano de contratación, siendo obligatoria para el contratista si hubiera mediado un preaviso de, al menos, dos meses de antelación a la finalización del contrato, salvo que el Pliego fije un plazo mayor.

La regulación del contrato de obras no resulta alterada sustancialmente, de forma que las modificaciones que se introducen son meramente puntuales. Se exceptúan expresamente de la cesión los supuestos en que las condiciones personales del cedente hayan sido determinantes de la adjudicación del contrato y los supuestos en que la cesión restrinja de forma efectiva la competencia. No obstante, la Ley parece partir de la regla general de la cesión del contrato, al señalar que «los Pliegos establecerán necesariamente que los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero». 9.- La Ley, siguiendo en ello a las Directivas, configura como supuestos de novación o modificación subjetiva del contrato, la cesión de contrato, la sucesión del contratista, y aquellos casos en que el acreedor hipotecario de una concesión de obra se subroga en la posición del concesionario.

El estudio debe recoger también el valor neto de todas las inversiones, los costes de la concesión y los ingresos del concesionario, el riesgo operacional que este asume y los criterios precisos para valorar la tasa de descuento. Se precisa que se considera que el contratista asume el riesgo operacional cuando no esté garantizado que en condiciones normales de funcionamiento el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni los costes en que haya incurrido, sometiéndose a las incertidumbres del mercado. La Ley regula también expresamente la forma de realizar las certificaciones de obra durante la tramitación de estos modificados sin suspensión. En la tramitación de estos modificados se añade también como trámite el Informe de la Oficina de Supervisión del Proyectos en el caso de que se introduzcan precios nuevos. En los supuestos de modificación del contrato en los que se prevea la continuación provisional de las obras, por ocasionar la suspensión un grave perjuicio para el interés público, se eleva el importe que permite acudir a este supuesto del 10% al 20% del precio inicial del contrato. Cuando las obras sean objeto de explotación por la propia Administración Pública, el proyecto debe ir acompañado de la determinación del valor actual neto de las inversiones, costes e ingresos a obtener por la Administración.

Verificación legal y de cumplimiento (Compliance)

La claridad que se exige a la cláusula de modificación, según la Ley, «deberá ser tal que en todo caso permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de la misma forma.» Los pliegos pueden establecer penalidades para el caso de su incumplimiento o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales cuyo incumplimiento puede determinar la resolución del contrato. Se prevé un plazo de prescripción de un año para la reclamación de esta indemnización, plazo que deberá computarse desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato.

Las empresas que consideren las opciones ahora asegurarán los mejores acuerdos con el menor tiempo posible para la realización de los beneficios”. Así, pueden existir oportunidades no sólo a la hora de ahorrar dinero en los contratos existentes, sino también de cambiar los recursos y el enfoque para satisfacer las cambiantes necesidades de las empresas. Este análisis evita improvisar durante la negociación y permite mantener el foco en los intereses reales de la empresa. En el caso de que trabajes con un software de gestión de contratos, no necesitarás marcar nada, ya que la herramienta te avisará cuando se acerque la fecha clave de forma automática. Muchas comunidades pagan de más simplemente por no revisar sus acuerdos durante años.

Eficiencia energética en verano: Cómo reducir el gasto eléctrico en tu comunidad

Por último, en el caso de que la circunstancia de fuerza mayor sea grave, cualquiera de las partes puede solicitar directamente la terminación del contrato de prestación de servicios, ya sea por mutuo acuerdo entre las partes o por vía judicial. Además, la parte incumplidora deberá hacer frente a las posibles indemnizaciones por daños y perjuicios que le correspondan a la otra parte del contrato por su incumplimiento. Si deseas reducir el precio que le pagas a un proveedor puedes ofrecerle un contrato más a largo plazo, por ejemplo. Soy Licenciada en Derecho y Administración de Empresas y estudié un Máster en Protocolo y Dirección y Organización de Eventos. En definitiva, acordar nuevas condiciones para el cumplimiento de la deuda y, ante todo, que ambas partes sientan que obtienen un beneficio de la renegociación. Y, situación de querer bajar el precio, en los casos de querer solicitar una rebaja del precio fijado en el contrato o del porcentaje de comisión.

Caso $LIBRA: la Justicia Federal sobreseyó a Javier y Karina Milei y a otros nueve investigados

La Ley mantiene en esencia la regulación recogida en la normativa anterior para la concesión de obra pública, introduciendo pequeñas pero relevantes modificaciones que resaltan la importancia del elemento del equilibrio económico que fue considerado para la adjudicación del contrato, que habrá de mantenerse durante la vida de la concesión. Estas acciones prescriben en el plazo de dos años desde que los vicios o defectos se manifiesten, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir la responsabilidad por incumplimiento contractual. Dentro de los supuestos que no pueden conceptuarse como modificaciones –también llamados por la doctrina modificados legales-, se recoge junto con el supuesto de variación en el número de unidades ejecutadas si estas no representen un incremento superior al 10 % del precio inicial del contrato, el supuesto de introducción de precios nuevos, fijados contradictoriamente, siempre que estos no supongan un incremento global del contrato ni afectan a unidades de obra que en su conjunto excedan del 3% del presupuesto primitivo del contrato.

Paso 1: Discusión externa o negociación

Si fuera iniciado a pedido de la contratista, será la firma la que debe acompañar la descripción de la emergencia y su vínculo directo con la afectación en la ejecución del contrato, la variación perjudicial de la situación económico-financiera, el grado de avance y cumplimiento del contrato hasta la fecha de presentación, así como una propuesta para la superación de la emergencia, nueva curva de inversiones y plan de trabajo. Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar un grave trastorno al servicio público o para evitar la ruina de lo construido o fabricado, fijando el órgano de contratación la retribución sobre la base de los precios que fueron considerados en la celebración del contrato. Se mantienen los requisitos clásicos de la cesión consistentes en que el órgano de contratación autorice de forma previa y expresa la misma, que el contrato esté ejecutado al menos en un 20 % del importe del contrato o una quinta parte del plazo de duración si el contrato es de concesión de obras o servicios, que el cesionario tenga la capacidad y solvencia exigida y que no esté incurso en prohibición de contratar y que la cesión se formalice en escritura pública. Estas tareas críticas deberán justificarse en el expediente y, en cualquier caso, las restricciones a la subcontratación no podrán suponer una restricción de la competencia. Este precepto reconoce también facultades de inspección sobre la ejecución del contrato, señalando como límite que no puedan suponer un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes en el desarrollo de la prestación, debiendo justificarse este extremo en el expediente.

Configura alertas de vencimiento en tu calendario para revisar los precios cada seis meses. De la misma forma, extinguido el contrato no puede producirse la consolidación de personal, debiendo los responsables de los contratos abstenerse de realizar actos o desempeñar facultades que son propias del empresario y de la relación laboral que corresponde al contratista. En materia de resolución contractual se reducen los plazos en la suspensión en el inicio del contrato o en la ejecución del contrato en idéntica medida que para el contrato de suministro. Como actuación preparatoria, el contrato de concesión de servicios requiere, al igual que la concesión de obra, un estudio de viabilidad del mismo o, en su caso, un estudio de viabilidad económico-financiera. Si el contrato tiene por objeto la prestación de un servicio público, deberá haberse establecido previamente el régimen jurídico del servicio, declarado de forma expresa que la actividad queda asumida por la Administración como propia de la misma. El objeto de dichos contratos lo constituyen por tanto servicios a cambio de una contrapartida consistente en el derecho a explotar los servicios, o este mismo derecho en conjunción con un pago, conllevando siempre la transferencia de un riesgo operacional al concesionario.

Gestionar una empresa de transporte y logística implica mucho más que coordinar rutas, organizar almacenes y cumplir plazos de entrega. Para mitigar el impacto de la mala noticia, busca la manera en que puedes compensar el perjuicio que estás causando al otro, se trata, como reflexiona el experto en negociación Carlos Cortada, “de focalizar el acuerdo de renegociación en suavizar los efectos en el otro. Este Real Decreto-ley, que introduce modificaciones y novedades legislativas en diversos ámbitos de interés regulatorio, como es el tributario o el asegurador, afecta de forma sensible al campo de la contratación pública.

11.- En cuanto a los instrumentos de RACIONALIZACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN, se hace una regulación más detallada de los Acuerdos Marco, solventándose algunas cuestiones que la práctica había planteado. Finalmente, este precepto recoge también una previsión que puede resultar muy importante en la práctica y que refleja la preocupación por garantizar la continuidad de las prestaciones en favor de los administrados que antes mencionábamos, al prever la posibilidad de que al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución, pueda ya iniciarse el procedimiento de adjudicación de un nuevo contrato, si bien condicionada a la terminación del expediente de resolución. Como novedad de extraordinaria importancia, se establece el plazo máximo de ocho meses para la instrucción y resolución del expediente de resolución contractual. Se entiende que se produce esta ampliación cuando el valor de la modificación implica una alteración de la cuantía del 15% del precio inicial del contrato IVA excluido si se trata del contrato de obras o de un 10% IVA excluido, en los demás contratos o bien cuando se supere el umbral previsto en la Ley para considerar el contrato como armonizado, y cuando las obras, servicios o suministros se hayan dentro del ámbito de otro contrato, ya sea actual o futuro, siempre que se haya iniciado el expediente de contratación. Estas obligaciones, deben constar en los anuncios y en los pliegos, se consideran condiciones especiales de ejecución y su incumplimiento permitirá la imposición de las penalidades La aceptación o verificación de los bienes o servicios por el contratista principal deberá producirse en el plazo de treinta días desde la entrega de los bienes o desde la realización del servicio.

Los precios resultantes de la modificación del Acuerdo Marco no podrán superar en un 20 % a los precios anteriores a la modificación y en ningún caso pueden suponer precios superiores a los ofrecidos en el mercado por las empresas que forman parte del acuerdo marco. La Ley señala que cuando los pliegos prevean que los licitadores constituyan una sociedad específicamente para la ejecución del contrato y admitan la posibilidad de cesión de participaciones de la misma, deberá indicarse en qué supuestos dicha cesión de participaciones debe ser equiparada a una cesión contractual por implicar un cambio de control efectivo de la sociedad. Por último, si la circunstancia de fuerza mayor ha producido un importante perjuicio a una o a ambas partes, de tal forma que el impida ejecutar su actividad o cumplir con las obligaciones recogidas en el contrato, se puede incluso solicitar la resolución o terminación del contrato o, también, solicitar dicha terminación del contrato por vía judicial. Siguiendo el caso anterior, si deseas aumentar el precio los servicios que prestar a un cliente, éste puede objetar que es demasiado caro y tú puedes poner en evidencia el valor que aporta tu empresa frente a la competencia. En un entorno económico donde los precios suben sin cesar, revisar tus acuerdos con proveedores es vital.

La transposición resulta parcial en tanto que la regulación del Real Decreto-ley se refiere a la contratación por parte de poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública, las empresas públicas, así como por otras entidades distintas de las anteriores que tengan derechos especiales o exclusivos. Este artículo te muestra qué multas son susceptibles de canjearse por trabajo, cuántas horas deberás dedicar a la comunidad y cómo puedes solicitar el cambio. En empresas, el efecto acumulado de menores costes operativos mejora la competitividad frente a la inflación. El artículo 29 LCSP fija como regla general que los contratos de servicios tienen una duración máxima de 5 años, incluidas las prórrogas. El artículo 29 LCSP establece como regla general que los contratos de servicios tienen una duración máxima de 5 años, incluidas las prórrogas.

Medidas recomendadas:

Así, se mantiene la regla general de que el acuerdo marco no pueda exceder de cuatro años, salvo casos excepcionales debidamente justificados en el expediente, si bien se aclara que la duración de los contratos basados es independiente de la duración del Acuerdo Marco, rigiéndose por las reglas propias de cada contrato. De esta forma, las modificaciones, deberán publicarse en todo caso en el perfil del contratante del órgano de contratación en el plazo de cinco días desde la aprobación de la modificación, publicación que deberá acompañarse también de las alegaciones del contratista y de todos los informes recabados y emitidos con carácter previo a la aprobación de la modificación por el órgano de contratación. Para los casos de rescisión de contratos, la reglamentación establece los mismos requisitos formales a cumplir en cuanto al procedimiento, reiterándose la necesidad de acreditar la conveniencia para el interés público de no continuar con el contrato, debiendo cumplirse con las pautas financieras y económicas que establecerá el Ministerio de Economía. Luego de ello, se reglamenta el procedimiento para la renegociación o rescisión, el que puede iniciarse por la Administración o a pedido del contratista, y en el que será finalizado mediante la aprobación o rechazo del Poder Ejecutivo, previa evaluación de cumplimiento de los requisitos formales y las de las pautas financieras o económicas a considerar, que deben ser determinadas por el Ministerio de Economía dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir de hoy, es decir, de la fecha de publicación de la reglamentación. La regulación de los supuestos de ruptura del equilibrio concesional se realiza de forma análoga a la concesión de obras, tanto en la determinación de los supuestos que pueden dar origen al desequilibrio (actuación de la Administración, modificación contractual o fuerza mayor) como en los medios de restablecimiento de ese equilibrio, incluido el supuesto de incremento del plazo contractual hasta el 15% de la duración inicial.

Los subcontratistas quedan obligados frente al contratista principal que debe velar porque la subcontratación cumpla con las obligaciones sociales, laborales y medioambientales que resulten de aplicación. Producto de esta separación se sigue señalando que «los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.» En consecuencia, conforme al art.215.4 LCSP, «los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración». En respeto a esa facultad de organización, desaparece la posibilidad de que el órgano de contratación imponga la subcontratación de ciertas prestaciones del contrato con terceros. Acorde con la jurisprudencia comunitaria, que no estima adecuado limitar la subcontratación, la Ley hace desaparecer los porcentajes o límites a la subcontratación que había recogido tradicionalmente nuestro derecho, si bien la referencia a la subcontratación como «realización parcial de la prestación», no parece permitir la subcontratación de la totalidad de las prestaciones del contrato. Si excede de este límite, la modificación no es obligatoria para el contratista, de forma que si no acepta por escrito la modificación, deberá procederse a la resolución del contrato, En base a ello, se introduce este supuesto como causa de resolución de los contratos en el art.211 1.g) LCSP.

Más sobre este tema